El proceso de desarme

Ha comenzado en Venezuela un proceso interesante, tanto por su dramatismo como por su carácter aglutinador de la mayoría de las voluntades: el “desarme” de la población civil. El tema se las trae, es una acción necesaria que el Gobierno ha emprendido y por lo tanto es digna de analizar desde todas las perspectivas posibles.
Hace unas semanas el Ministerio de Interior y Justicia destruyó mediante fundición 51.765 armas de fuego, decomisadas en el penal de El Rodeo. En ese mismo acto se informó de la destrucción, en los últimos ocho años, de más de 250 mil de esos artefactos. Nada tiene de reprochable la medida, por supuesto. Sacar de circulación instrumentos homicidas es una necesidad y, si se consigue detener el fenómeno del armamento puesto al servicio del crimen, es una conquista. Pero resulta inevitable una reflexión: así como el problema de la basura no lo ocasiona el ciudadano que bota las bolsas de desechos en la calle, sino el industrial que produce y comercializa masivamente bolsas, envases y otros materiales que son basura desde su fabricación; así como el problema del hambre no es la falta de comida sino el sistema que decidió fatalmente que para comer hay que pagar y hacer ricos a los mercaderes de alimentos; de la misma forma, el problema de la propagación de armamentos (por allí mencionan la palabra “proliferación”) no es su posesión por parte de los ciudadanos sino la existencia de una industria que produce y produce armas, las vende y las vende, enriquece y enriquece a unos delincuentes con salvoconducto para seguir mercadeando con aparatos de destrucción de personas.
De modo que no hay proliferación de armas porque las armas no proliferan (a menos que alguien haya visto cómo fornican y se reproducen las pistolas y revólveres): las que usted ve en las calles no han sido producidas por malhechores comunes sino por empresarios de la muerte, sujetos dedicados a la importación, fabricación y venta de armas.
Por otra parte, iniciativas como el desarme deben pasar por el filtro de las necesidades y expectativas del pueblo, y no sólo por los anhelos de tranquilidad social de las clases acomodadas. Es obvio que la gente que se procederá a desarmar son los delincuentes pobres, los que un bombardeo mediático despiadado quiere señalar como responsables de la “inseguridad” (casi nadie habla del crimen como problema, sino de la “inseguridad”, como si esa palabra significara falta de seguridad o protección policial). El clamor de las clases medias y altas apuntan en esa dirección: hay que quitarles las armas a los habitantes de los barrios pobres. No hay nada en el discurso o la actitud del ‘sifrinaje’ que indique que le preocupan los muertos en los barrios, como no sea a la hora del proselitismo y la explotación propagandística del dolor de los pobres.

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